Si la agilización y simplificación de los procedimientos administrativos de concesión de licencias y autorizaciones urbanísticas resulta siempre necesaria y acuciante, dicha exigencia se acentúa en el caso de las tramitaciones de obras, instalaciones e implantación de usos promovidas por las administraciones públicas, y las entidades adscritas o dependientes de las mismas, dado el interés general al que dichas actuaciones responden.